Cannabis y más, un lugar de encuentro

Manifiesto.

Barcelona, 11 de mayo de 2008.

En la mayoría de los países, las políticas de control de drogas intentan cumplir con las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes (de 1961, 1971 y 1988); las cuales han demostrado ser insuficientes para contrarrestar el tráfico de drogas y, al contrario, han contribuido a su incremento; causando efectos dañinos y contraproducentes en eslabones más débiles de la cadena (consumidores de drogas, correos y cultivadores) quienes sufren desproporcionadamente los efectos negativos de las políticas de control de drogas.

Las personas afectadas tanto por las drogas como por las políticas, sufrimos el deterioro de nuestra salud, el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora impuesta por los organismos internacionales –Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD), y por nuestros propios países. La participación de las organizaciones de afectados en la evaluación y diseño de las políticas de drogas es anecdótica y cuando se da, no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones.

La estrategia antidrogas se ha convertido a lo largo de los años en una guerra abierta contra las personas consumidoras. Se niega la evidencia de que las políticas de reducción de daños son más justas y eficaces, y se acatan acuerdos realizados sin ninguna base científica, y en algunos casos hace más de 40 años, en lugar de desarrollar verdaderas políticas centradas en la salud pública, basadas en los derechos humanos y sensibles a las diferencias de género. Como consecuencia:

- El aumento de las ganancias del narcotráfico está relacionado directamente con el deterioro de las personas usuarias de drogas.
- Se priorizan políticas represivas con el consumo con la ilusión de reducir la oferta de drogas, criminalizando a las personas usuarias y abocándolas a procesos de exclusión que, en muchos casos, son irreversibles.
- Las desventajas de la situación del colectivo fomentan la marginación y la autoexclusión, dificultando la cobertura de sus derechos y el ejercicio de sus deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Las organizaciones de personas afectadas de España exigimos:

- Que el Estado español salga de las convenciones internacionales sobre drogas e impulse una estrategia europea que dé lugar a políticas de drogas más justas y eficaces.
- Estrategias no-represivas en la política de drogas, que no causen daño a la salud de los consumidores, que no amenacen la subsistencia de campesinos en países del Sur, que respeten los derechos de los ciudadanos/as y que tengan en cuenta las diferencias de género.
- Modificaciones legislativas que pongan freno a la entrada masiva de personas usuarias en las prisiones.
- Apertura del debate social con todos los agentes de la comunidad sobre la regulación de algunas sustancias, empezando por separar el mercado del cannabis del resto de drogas ilegales.
- Redefinición de las estrategias de prevención dirigidas a jóvenes y personas adultas, en base a criterios integrales, realistas y participativos y con enfoque de género.
- Innovación y extensión de los tratamientos de drogodependencias a toda la población afectada, especialmente a la más vulnerable (salas de consumo, programas de dispensación controlada de drogas, etc…).
- Participación efectiva de las personas afectadas por las drogas en los espacios de toma de decisiones sobre las políticas de drogas de la ONU, la Unión Europea y el Estado español.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

FAUDAS (Federación española de asociaciones de personas afectadas por las drogas y el VIH) Misión: mejora de la calidad de vida del colectivo y romper con el estigma asociado. www.faudas.org

ASAUPAM. Asociación de apoyo a las personas con problemas de drogas de Catalunya. www.asaupam.info

Plataforma Pro derechos de las personas afectadas por las políticas de drogas de Catalunya.

ENCOD. (Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces) Plataforma independiente de ONG y ciudadanos involucrados con el fenómeno de las drogas. www.encod.org

FAC. (Federación de Asociaciones Cannábicas). www.fac.cc

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Comunicado de prensa.

Barcelona, 11 de mayo de 2004. Cinco plataformas de organizaciones de personas afectadas por las drogas, coincidiendo con la XIX Conferencia Internacional de Reducción de daños, han hecho público un manifiesto en el que exigen un cambio radical en las políticas de drogas actuales. En el manifiesto piden que España salga de las Convenciones Internacionales sobre drogas y que ponga en marcha políticas tolerantes para gestionar la producción y consumo de drogas y reducir los daños asociados.

Las plataformas que firman el Manifiesto (Federación española de asociaciones de personas afectadas por las drogas y el VIH, Asociación de apoyo a las personas con problemas de drogas de Catalunya, Plataforma Pro derechos de las personas afectadas por las políticas de drogas de Catalunya, Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces y la Federación de Asociaciones Cannábicas) agrupan a casi 200 organizaciones, desde asociaciones de personas consumidoras de drogas por vía intravenosa y con VIH/SIDA a asociaciones de estudios sobre el cannabis. Entre las medidas que proponen, se encuentran las de políticas de drogas que no causen daño a la salud de los consumidores, que no amenacen la subsistencia de campesinos en países del Sur, que respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y que tengan en cuenta las diferencias de género.

Las organizaciones también exigen cambios en la ley que pongan freno a la entrada masiva de personas usuarias en las prisiones; la apertura del debate social con todos los agentes de la comunidad sobre la regulación de algunas sustancias, empezando por separar el mercado del cannabis del resto de drogas ilegales; la redefinición de las estrategias de prevención dirigidas a jóvenes y personas adultas, en base a criterios integrales, realistas y participativos y con enfoque de género y la innovación y extensión de los tratamientos de drogodependencias a toda la población afectada, especialmente a la más vulnerable. A este tipo de medidas se las conoce con el nombre de políticas de reducción de daños.

“Las personas afectadas tanto por las drogas como por las políticas, sufren el deterioro de la salud, el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora impuesta por los organismos internacionales y por nuestros propios países�?, afirma Xavier Pretel, coordinador de la Federación Española de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH), cuya misión es mejorar la calidad de vida del colectivo y romper con el estigma asociado.

Los representantes de las plataformas firmantes se quejan de la falta de interés de los gobiernos y la Comunidad internacional por facilitar la participación de este tipo de organizaciones en los foros en los que se toman las decisiones sobre las políticas de drogas, por eso exigen una participación efectiva de las personas afectadas por las drogas en la ONU, en la Unión Europea y en el Estado español. “La participación de las organizaciones de afectados en la evaluación y diseño de las políticas de drogas es anecdótica y cuando se da, no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones�?, señala Virginia Montañés, presidenta de ENCOD, la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces.

Según las plataformas firmantes, la estrategia antidrogas se ha convertido en una guerra abierta contra las personas consumidoras. “El aumento de las ganancias del narcotráfico está directamente relacionado con el deterioro de la salud de las personas usuarias de drogas�?, afirma Arantza Maira, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas. Las desventajas de la situación del colectivo fomentan la marginación y la autoexclusión, dificultando la cobertura de sus derechos y el ejercicio de sus deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Personas de contacto:

Xavier Pretel. FAUDAS y ASAUPAM www.faudas.org
Tel. 625398688
ong@asaupam.info

Arantza Maira. FAC www.fac.cc
arantza.maira@gmail.com

Virginia Montañés. ENCOD www.encod.org
virginia@encod.org

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Es curioso leer muchas veces los titulares de las noticias según llegan.

Veamos unos ejemplos del titular, la noticia se puede leer desde el enlace.

Se le cae una tableta de hachís cuando la policía le pedía la documentación. Ya es mala suerte, no acordarse de donde tenía el “marrón“.
Arrestados dos alemanes que custodiaban 400 kilos de hachís. Vaya racha con las noticias de hoy. Trabajas de guardés y te comes un “marrón”
El marido de Amy recibe una paliza en la cárcel por motivos de drogas. Por las drogas o por ser el novio de esta chica.
Novios repartían droga en moto. SI es que todo lo hacían en pareja.
Desarticulado un ‘punto negro’ de venta de droga en Torrelavega. Puntos negro, azul, verde, amarillo… y “marrón“.
Capturan a policías con droga en Ciudad Juárez. Si es que a los detenidos se les caían las sustancias y por no mirar bien les cae el “marron“.
Keith Richards acusa los efectos de la marihuana. Y la edad, la “farla”… y todo tipo de excesos.

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Nota de prensa de Pannagh
Los tests de consumo de drogas en carretera son inexactos, discriminatorios, carecen de base legal y provocan inseguridad jurídica.

La Ertzaintza ha comenzado este fin de semana a realizar controles de carretera en los que se efectúa el llamado test Cozart, para la detección de drogas ilegales, mediante el análisis de muestras de saliva de los conductores sospechosos. Este fin de semana se ha comenzado a aplicar y ya se han abierto 16 expedientes sancionadores, que pueden conllevar sanciones de 600 €, pérdida de 6 puntos del permiso de conducir y retirada del mismo durante uno a tres meses.

La asociación de usuarios/as de cannabis Pannagh desea expresar su rechazo a estas pruebas y exigir la suspensión cautelar de las mismas, por diversas razones, como su falta de fiabilidad, el carácter discriminatorio de estas pruebas y de la forma de aplicarlas y por la indefensión en que quedan miles de personas que podrían ser sancionadas sin motivo.

Los tests aplicados (Cozart® DDS) no solo detectan a quienes se encuentran bajo efectos tales que “se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro�?, que es a lo que se refiere el Reglamento General de Circulación, sino también a los que han consumido una cantidad pequeña que no afecta a su capacidad de conducir, y a quienes han consumido hace horas pero ya no tienen ningún efecto. Según se ha informado, el test Cozart® DDS detecta el consumo que se haya producido en las 3 horas anteriores. Dado que el efecto del cannabis dura una media de 90 a 120 minutos, y que el de anfetamina y cocaína es aún más corto, sin duda se castigará a personas cuyas condiciones psicomotrices y sensoriales son perfectamente normales.

Por otro lado, las pruebas de detección de consumo de cannabis pueden dar falsos positivos en personas que se hayan encontrado en ambientes donde hubiera humo de dicha planta, sin necesidad de haber consumido ellas mismas, de forma que se podría castigar a fumadores pasivos. Por otro lado, visto el peculiar metabolismo del cannabis, cuyos restos se pueden detectar en sangre y orina hasta dos meses después de un solo consumo, es dudoso que el dato de que el test solo detecta el consumo producido las tres horas anteriores sea totalmente fiable, y mucho nos tememos que se sancione por consumos producidos muchas horas e incluso días antes.

En este sentido, no entendemos que se ponga en marcha a bombo y platillo una campaña de control de la población (que incluye, por cierto, la obtención de muestras biológicas, que incluyen lógicamente ADN, de incierto control posterior) y se empiece a amenazar con sanciones a miles de personas basándose en el uso de aparatos cuyos resultados, según se afirma en los estudios encargados sobre esta materia por la Unión Europea en el marco del llamado programa Rosita, no son suficientemente fiables. Los aparatos de detección de consumo de drogas ilícitas están aún en fase experimental, y no podemos entender que se gaste una importante cantidad de dinero público y sancionar gravemente a personas a las que debería proteger la presunción de inocencia, en base a lo que dice la publicidad del fabricante. Es comprensible que Cozart, una multinacional especializada en reactivos, quiera vender muchos de sus aparatos de casi 6.000 € y de su material de test a 22 € la prueba (y hacen falta dos para confirmar la denuncia), pero es menos entendible que el Gobierno Vasco haga oídos sordos a los informes de la Unión Europea, otorgando a una máquina cara y poco fiable el papel de perito, fiscal y juez en algo que afecta a la seguridad de mucha gente.

Además, puesto que aún no se ha determinado reglamentariamente cuál es la prueba legalmente aceptable en este tipo de infracciones, ya que el Reglamento General de Circulación aún no ha sido desarrollado en este punto por la falta de certeza existente en torno a los efectos de ciertas drogas y su detección fiable, entendemos que los controles de carretera de la Ertzaintza carecen de base legal y no podrían dar lugar, por tanto, a sanción alguna.

Por otro lado, como personas usuarias de una sustancia ilícita, nos sentimos injustamente discriminadas. No entendemos que se empiece a perseguir sustancias ilícitas antes siquiera de tener los instrumentos adecuados y se siga sin hacer nada en torno a la cuestión de la conducción bajo los efectos de los hoy tan comunes ansiolíticos, antidepresivos, sedantes, etc., además de estimulantes legales como la cafeína, que en dosis elevadas también pueden afectar a la capacidad de conducir. Tampoco nos parece aceptable que, mientras se reconoce que existen niveles admisibles de consumo de alcohol y se informa de ello a la población, se castigue a la vez a personas cuyos niveles de cannabis o de otras drogas no suponen ningún riesgo añadido.

El mayor estudio epidemiológico sobre cannabis y conducción realizado hasta el momento, obra del Instituto Nacional Francés para la Investigación en el Transporte y la Seguridad, concluyó que las dosis bajas de cannabis provocaban riesgo de accidente similar al del consumo leve de alcohol, es decir, el que está por debajo del nivel legal de alcoholemia. Y en niveles medios y altos, el cannabis aumentaba el riesgo de forma más significativa, pero en nivel mucho menor que el alcohol, que suele ser la droga causante de la inmensa mayoría de accidentes relacionados con drogas. No podemos aceptar que se castigue a unos por un nivel de riesgo que se acepta en otros. Exigimos que se determine con claridad cómo afecta el cannabis a la conducción y que se castigue a partir de niveles realmente peligrosos.

Por otra parte, Pannagh quiere criticar el formato elegido para poner en marcha los test de detección de drogas ilegales: Controles de carretera nocturnos, en fin de semana, y en los que se selecciona a los sospechosos por su aspecto. El consumo de drogas al volante no es en absoluto exclusivo de los y las jóvenes que salen de marcha, y no nos parece de recibo que la nueva campaña se centre únicamente en este grupo de población. La conducción bajo los efectos de alcohol y drogas de todo tipo puede ser un peligro en cualquier momento, lugar, clase social y grupo de edad.

En Pannagh no nos oponemos a que se castigue a aquellas personas cuyo consumo de sustancias haga que sean peligrosas al volante, pero exigimos que ello se lleve a cabo con las debidas garantías metodológicas y jurídicas, algo que en absoluto sucede con el sistema empleado en la actualidad. En la actualidad no existe un método lo bastante fiable y preciso como para distinguir al que consume del que no y al consumidor peligroso del que no lo es, y no se garantiza ni la seguridad jurídica ni la debida protección de la presunción de inocencia. Por ello, exigimos que los controles se suspendan de manera cautelar y los expedientes sancionadores abiertos sean anulados inmediatamente, ya que, en caso contrario, se estaría actuando directamente contra los legítimos derechos de miles de personas y vulnerando gravemente las normas de un estado de derecho.

Bilbao, 26 de noviembre de 2007

Contacto: Martín Barriuso
944152900 / 670996335
pannagh@hotmail.com

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 A través de la prensa on line encuentro esta carta réplica en la sección de opinión sobre una conferencia de Ignasi Peña, a la que  le habían puesto un títular que llamara la atención, no se sabe para qué, pero así está el mundo periodístico.

Por alusiones, me gustaría contestar por partida doble la carta al director del pasado día 27/09/07, titulada `¡Qué vergüenza!´ y escrita por Adrián Trejo de la Rosa (concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Ibiza, como firmaba su carta).

Me gustaría contestar también a las alusiones referidas a don Ignasi Peña, psicólogo y ponente en la conferencia aludida, y matizar algunas de las afirmaciones que se le atribuyen en el artículo del dia 23, además de contestar a las interpelaciones personales que el señor Trejo de la Rosa le dirige en su articulo del día 27
El señor Peña ya aclaró en una carta a este Diario que el titular que se le atribuye no corresponde textualmente a sus palabras, sino a la creatividad periodística, y que en su conferencia dijo también, tal como recoge el artículo, que fumar cannabis no es bueno para la salud. El señor Peña acepta que quizá la comparación con la aspirina no sea un buen ejemplo para ilustrar los riesgos del consumo del cannabis, pero en cualquier caso su pretensión era únicamente ilustrar sobre las contradicciones que genera el uso terapéutico de la marihuana.
Las reflexiones del psicólogo Ignasi Peña dejan clara su intencionalidad y la solidez de sus argumentos, así como la deficiencia de interpretación del señor Trejo, y la falta de argumentos en sus afirmaciones. Seguramente eso ya sería suficiente si el señor Trejo hubiese firmado su carta sólo como eso, como el señor Trejo, pero la carta puntualizaba que era concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento, y entonces a mí no me parece suficiente.
¿Es que un concejal de mi Ayuntamiento, al leer la prensa, sólo se queda con los titulares? Sin haber leído mas, sin haber asistido a la conferencia, con ese estandarte y argumentos manidos y obsoletos, grita «¡qué vergüenza!», pero ¿es que mi concejal se cree todo lo que sale en la prensa sin dudar, como un dogma de fe? Pensé que mi concejal tendría capacidad para no dejarse llevar por un titular sensacionalista, pero veo que no.
El titular quizá no fue acertado, pero yo no veo intencionalidad alguna en él, sólo una joven periodista que se deja llevar por lo grande del mismo. Y el concejal del Grupo Popular aprovecha para arremeter… ¿contra qué? Contra las ideas, contra la información. ¿Seguro que quiere dedicarse al servicio público, concejal Trejo? Está alejado de la problemática que dice que le interesa.
Si le turba el sueño el mensaje sobre el cannabis, ¿por qué arremete contra quien organiza una conferencia, quien promueve un debate, ideas, información… y mira hacia otro lado cuando abren una tienda de marihuana frente a un colegio? A usted no le interesa la cuestión del cannabis, concejal Trejo, usted vio una oportunidad de figurar, y vaya si figuró…
No le conozco pero le intuyo joven, de ahí su texto. Supongo que le llevó el arrebato, la inexperiencia, la pasión en sus ideas y estoy seguro que su buena intención, pero no estuvo acertado. Y viéndole imberbe en estas lides, no, no acepto consejo alguno de su parte. Pero sí le propongo un reto que no podrá rechazar: le reto a debatir intelectualmente sobre el cannabis. Quizá Diario de Ibiza quiera dar soporte a dicho debate: ideas, propuestas, argumentos…. y no medias verdades, ignorancia y dudosas susceptibilidades. Si es verdad que le preocupa el tema, qué mejor ocasión que ésta.
Tengo 45 años, y llevo 30 consumiendo cannabis. Desde sus argumentos sería presa fácil para un reto intelectual. Pues bien, esta «dañada mente» le reta. La pelota está en su tejado, señor concejal…

Vía: Diaro de Ibiza 

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El consumo ya no está ligado a la marginalidad, sino que está vinculado al ocio y al tiempo libre de los jóvenes y los consumidores

El Pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad el informe de la ponencia para el estudio de los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes y, muy especialmente, de sustancias como el cannabis, la cocaína y las drogas de diseño, constituida en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Problema de las Drogas.

La senadora socialista Cristina Maestre explicó que una de las conclusiones más significativas del informe es la necesidad de transmitir a los jóvenes “una información clara y veraz sobre el riesgo del consumo de drogas y alejada de moralinas o falsos e innecesarios alarmismos”.

Maestre precisó que “no todos los jóvenes consumen drogas”, sino que se trata de una minoría, si bien reconoció que “éstos empiezan a edades cada vez más tempranas”, lo que “favorece la aparición más rápida de problemas sociales, laborales y sanitarios”.

Entre otras conclusiones, señaló que se ha producido un cambio “muy significativo” en las tendencias y los perfiles de los consumidores, que, ahora, son personas integradas en la sociedad.

“El consumo ya no está ligado a la marginalidad, sino que está vinculado al ocio y al tiempo libre de los jóvenes y los consumidores”, precisó.

Destacó además el importante descenso en la percepción del riesgo, la mayor accesibilidad al consumo de drogas y la “banalización” del consumo de algunas sustancias como el cannabis debido a que desde diferentes ámbitos se ha intentado dar una imagen terapéutica de esta sustancia.

Otra de las recomendaciones hace hincapié en la prevención, la formación y la información del consumo de las drogas a través de la familia, la escuela, la sociedad y los medios de comunicación social.

En la ponencia, también se pide al Gobierno y, en concreto, al Ministerio del Interior que continúe y refuerce los planes operativos en los entornos educativos y centros de ocio contra el tráfico minorista y el consumo público de drogas ilegales.

La senadora del PP María Teresa Cobaleda expresó su deseo de que este informe contribuya a ofrecer “nuestro grano de arena frente al grave problema de las drogas en España” y expresó su deseo de que el Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional contra las Drogas asuman “con urgencia” todas sus recomendaciones y conclusiones para empezar a combatir este problema “con el máximo rigor”.

Rosa Aleixandre, de CiU, expresó su satisfacción por el trabajo desarrollado por la ponencia, al tiempo que agradeció la colaboración de todos los grupos parlamentarios y la comparecencia de los veintiún expertos de diversas disciplinas, con más de 35 horas de informes.

Inmaculada Loroño, del Grupo de los Senadores Nacionalistas Vascos, señaló la necesidad de atender a las recomendaciones para evitar consecuencias no deseables para las generaciones futuras, ante el incremento del consumo de cannabis y cocaína en España.

Joan Sabaté, de Entesa Catalana de Progrés, señaló la importancia de la difusión de las conclusiones de la ponencia para favorecer la concienciación social sobre el consumo de drogas y conseguir “no bajar la guardia ante el consumo de sustancias como el cannabis”.

Vía: Canarias7

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