Cannabis y más, un lugar de encuentro

Desde la I Guerra Mundial hasta el final de la monarquía de Alfonso XIII
(1918-1931)

En respuesta a la campaña desatada por el diario El Diluvio, y a lo acordado con la firma del Convenio Internacional de La Haya sobre restricción en el empleo y tráfico de opio, morfina y cocaína y sus sales (1912), a principios de 1918 las autoridades gubernativas adoptaron las primeras medidas para controlar el uso de drogas en España. Tales medidas se concretaron en la exigencia de receta médica obligatoria para acceder a dichas sustancias.

La primera consecuencia de esta restricción fue la aparición inmediata de un incipiente, pero cada vez más pujante, mercado negro (con el consiguiente incremento de precios y adulteración de productos) y, como extensión, la aparición de una nueva delincuencia (falsificación de recetas, robos de farmacias, etcétera).

Otras campañas de prensa —como la desarrollada en 1921 por el diario conservador valenciano Las Provincias— exigieron una política de mano dura y, a pesar de algunas voces antiprohibicionistas, se fue produciendo un endurecimiento progresivo de la legislación, que tuvo su culminación en 1928, con la promulgación de las Bases para la Restricción del Estado en la distribución y venta de estupefacientes (que equiparaban a usuarios y vendedores ilícitos y sancionaban con dureza tanto el tráfico ilegal, como la simple la posesión y el empleo discrecional de drogas) y la reforma del Código Penal (que pasaba a prestar una especial consideración a las “drogas tóxicas o estupefacientes”, distinguiéndolas así de las demás “sustancias nocivas a la salud o productos químicos que pudieran causar grandes estragos”).

Tras el golpe de Estado del general Primo de Rivera se intensificó la represión del tráfico —en el que solían estar involucrados médicos y farmacéuticos— y del consumo, llegándose a nombrar fiscales y jueces especiales para atender los casos de drogas. También se pusieron en marcha los primeros recursos preventivos y asistenciales, como la Asociación contra la toxicomanía, fundada en 1926 en Barcelona. Sin embargo, lejos de disminuir, el empleo de drogas —principalmente de cocaína y morfina— al margen de usos terapéuticos convencionales se extendió entre todas las capas sociales.

Durante los años 20 la prensa dejó de adoctrinar a los lectores y comenzó a informar y crear opinión. Este cambio, unido a la aparición del reportaje sensacionalista, determinó que los medios encontraran en las drogas un tema moderno y de rabiosa actualidad, que saltó de la sección de sucesos (no sólo en la prensa de referencia, sino también en la de provincias) a copar páginas enteras, llegando a constituir el asunto central de extensas entregas seriadas. Cabe decir, en este sentido, que el consumo y tráfico de drogas se percibió como un “problema” local, de reciente aparición, importado desde fuera, y que afectaba únicamente a los tres principales núcleos de población: Madrid, Barcelona y Valencia.

En general, y desde un primer momento, la prensa se inclinó por destacar y amplificar sus aspectos más dramáticos, sórdidos e incluso aberrantes, es decir, memorables (detenciones, decomisos, precios, escondites, intoxicaciones, síndromes de abstinencia, suicidios por sobredosis…), contribuyendo a la creación de una serie de estereotipos, mientras se optó por minimizar o directamente silenciar aquellos otros aspectos que contradecían o se escapaban de los tópicos creados. De tal manera, la noticia sobre “paraísos artificiales” (un genérico más literario que funcional) se convirtió directamente en discurso contra los mismos.

Todavía nadie —o muy pocos— hablaban de enfermedad, sino de vicio e incluso de pecado (aunque su caracterización clínica venía a ser la misma), por eso la lucha contra las drogas se planteó inicialmente como una cruzada moral y, a la vez, medida profiláctica en defensa de “la Raza, la Patria y las buenas costumbres”.